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Perú registró el PBI per cápita más alto de Sudamérica, con 3.8%, entre el 2000 y 2018

Charlas en Simposio en Gestión Minera

Entre el 18 y 20 de julio del 2019, en la sede del IIMP, los estudiantes de Ingeniería de Minas de la UNI organizaron el simposio internacional en gestión minera (SIGEMIN 2019). A esta actividad fueron invitados los profesores Rodrigo Prialé y Ana Rosa Adaniya quienes abordaron el tema del impacto social de la minería.

En la primera parte el Dr. Prialé analizó la evolución de los principales indicadores socio-económicos del Perú.  Mostró que entre el 2000 y el 2018 el PBI per cápita (ingreso promedio) del Perú creció a una tasa promedio anual de 3.8%, tasa que es la más alta entre los países de América del Sur y México, por encima de las de Uruguay y Chile. Para mostrar la evolución de la mejora del bienestar de la población mostró que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú se incrementó de 0.68 en el año 2000, a 0.75 en el 2018, ubicándose en el grupo de países de IDH alto. La pobreza y la pobreza extrema mostraron una reducción importante de 54.8% a 20.5% y de 24.4% a 2.8%, respectivamente, en el periodo 2001 a 2018.

La mayoría de las operaciones en el Perú se ubican principalmente en las zonas alto andinas del país, por lo que su ámbito de acción se concentra en la sierra rural, que es el territorio que tiene el más bajo ingreso promedio mensual del país. Llegó a 359 soles al mes en el 2018.  También se debe resaltar que la pobreza y pobreza extrema se concentran principalmente en la sierra rural, localizándose en esta zona más del 70% de los pobres extremos, dedicados en un 83% a la agricultura de subsistencia, lo que dificulta que puedan superar su condición de pobres o pobres extremos.

En la segunda parte, la profesora Adaniya abordó el tema de la aceptación social y los stakeholders de las zonas de influencia de las empresas mineras. En esta charla se expuso sobre la necesidad de mejorar las estrategias de relacionamiento con las comunidades para fomentar un mejor entendimiento entre la empresa y sus comunidades vecinas y sobre la necesidad del estado de trabajar en las zonas mineras para cerrar la enorme brecha de infraestructura social y económica existente en las zonas rurales de la sierra.  Se planteó la necesidad de realizar un diagnóstico del territorio que incluya la identificación de las redes socio-políticas existentes, identificando los asuntos estratégicos que movilizan a los actores sociales a la protesta.  Entre otros asuntos están el agua, el acceso a tierras para realizar las actividades económicas preferidas, el empleo para los jóvenes, la educación, la salud.  Asimismo, se explicó que las empresas también deben evaluar sus capacidades para obtener la aceptación social, y trabajar para mejorar sus políticas, procesos, procedimientos y capital humano para realizar la compleja tarea de dialogar, entender y ganar confianza de la comunidad.  Se culminó recalcando que los costos de los conflictos son demasiado altos y en caso extremo pueden parar o impedir que el proyecto se ejecute.

En síntesis, las empresas mineras del siglo XXI enfrentan expectativas muy altas de la sociedad y deben estar preparadas para gestionar exitosamente sus operaciones y trabajar en conjunto con el estado y la sociedad civil, las políticas, procesos y procedimientos de relacionamiento para generar confianza mutua que les permita una licencia social continua y duradera.

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