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La ventana de oportunidad minera en el Perú durante el nuevo gobierno de la Presidente Keiko Fujimori

El mercado global atraviesa una reconfiguración impulsada por la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial, fenómenos que han incrementado considerablemente la expectativa sobre metales críticos como el cobre, el zinc y el estaño. En este contexto, el 1 de julio de 2026, el diario Expreso publicó un artículo titulado “Arturo Vásquez, senior partner and director of research at GĚRENS, en entrevista con Expreso: Keiko debe recuperar el control territorial”.  Asimismo, el canal Rumbo Minero el 7 de julio realizó una entrevista titulada “US$ 64,000 millones en proyectos mineros: La oportunidad del Perú para generar empleo y desarrollo”. Finalmente, el 10 de julio la Agencia Andina publicó un artículo titulado “Minería peruana tendrá buenas perspectivas en los próximos 5 años con destrabe de proyectos”.

En este espacio, el Dr. Vásquez señaló que se proyecta una demanda adicional de aproximadamente cinco millones de toneladas de cobre hacia el año 2031. Esta coyuntura representa una ventana estratégica para el Perú, que actualmente capta el interés de los principales ejecutivos del sector minero a nivel mundial debido a su potencial geológico, tal como quedó manifestado en el reciente Congreso Mundial de Minería (World Mining Congress) celebrado en Lima durante el mes de junio.

No obstante, en su análisis, el Dr. Vásquez subrayó que el aprovechamiento de esta oportunidad exige que el nuevo gobierno de la Presidente Keiko Fujimori emita señales rápidas y efectivas para revertir el atraso reciente, delineando una hoja de ruta clara para los primeros cien días de su gestión. En este contexto, las expectativas del sector se centran en las políticas que promoverá el gobierno de Fujimori, el cual enfrenta el importante desafío de reactivar una cartera de proyectos de inversión minera que permanece paralizada. A continuación, se sintetizan los principales argumentos y conclusiones expuestos en estas entrevistas.

  1. Seguridad y control territorial

Uno de los argumentos centrales expuestos por el Dr. Vásquez radicó en la redefinición de la seguridad, la cual ha dejado de ser un aspecto colateral para convertirse en un factor determinante de la competitividad minera a nivel internacional. El avance descontrolado de la minería ilegal ha provocado la pérdida de control territorial en diversas regiones, llegando al extremo de paralizar las actividades de exploración en ciertas concesiones mineras.

En este contexto, la evaluación de riesgo por parte del capital extranjero penaliza severamente al país. El Dr. Vásquez señaló que, al comparar plazas de inversión, la inseguridad sitúa al Perú en desventaja frente a jurisdicciones como Chile o Canadá, advirtiendo que casos críticos como el de Pataz operan como alertas negativas para el mercado. Por consiguiente, la recomendación prioritaria es que el Estado recupere el control del territorio para garantizar la seguridad de las operaciones y su cadena logística, brindando así la confianza necesaria para el retorno de las grandes inversiones mineras. Por otro lado, el Dr. Vásquez advirtió que existe una creciente disputa por el control del territorio entre las empresas mineras formales, que operan en cumplimiento del marco regulatorio y de sus obligaciones tributarias, y los actores vinculados a la minería informal e ilegal.

  1. Estabilidad regulatoria

La viabilidad de los proyectos extractivos depende de la previsibilidad institucional. Al respecto, el Dr. Vásquez identificó que el marco de las concesiones se encuentra bajo presión política y recomienda al Congreso archivar de forma definitiva aquellas iniciativas legislativas que pretenden reducir los plazos de las concesiones, desconocer títulos habilitantes o permitir la superposición de invasiones de mineros ilegales en áreas ya concesionadas. Mantener este tipo de debates abiertos, según el Dr. Vásquez, representa una barrera directa que está desincentivando el retorno de las campañas de exploración minera.

Paralelamente, la caducidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), programada para el 31 de diciembre, constituye una urgencia regulatoria ineludible. El Dr. Vásquez propuso una estrategia proactiva, el gobierno debe solicitar facultades delegadas durante el mensaje presidencial del 28 de julio para emitir un decreto legislativo que establezca una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Esta normativa debe estar orientada a viabilizar la formalización de quienes cumplan los requisitos y reprimir frontalmente la actividad ilegal, eliminando la posibilidad de nuevas prórrogas.

Dada la controversia que generará esta medida, el análisis resalta que el ministro del sector necesitará un alto perfil político, cercanía a la Presidencia y, fundamentalmente, el respaldo irrestricto de la jefa de Estado para resistir las presiones de destitución que surgirán durante el debate del REINFO. Adicionalmente, el Dr. Vásquez identificó un severo aletargamiento en el sector debido al exceso de tramitología y a la inestabilidad política reciente, factores que impiden explotar de manera óptima el potencial cuprífero del país. Bajo esta premisa, planteó la urgencia de implementar un shock desregulatorio y una revisión profunda de los procesos de autorización para volverlos expeditivos.

  1. La energía como pilar de la competitividad minera

El análisis del Dr. Vásquez trasciende la regulación estrictamente minera y aborda la dimensión energética como el soporte de la rentabilidad del sector. Además, sostuvo que el gas natural de Camisea proporciona al Perú una ventaja competitiva frente a Chile al reducir significativamente los costos de energía para la minería, así como también para el comercio, la industria y el consumo residencial.

Para consolidar esta posición, el Dr. Vásquez argumentó que no basta con depender de una única fuente de generación. Es importante articular una matriz que integre el gas natural, el desarrollo hidroeléctrico y las fuentes renovables, con el doble propósito de asegurar la confiabilidad del suministro de energía y minimizar la huella de carbono de las operaciones mineras. En términos de política pública, esto se traduce en la necesidad de destrabar las inversiones en la fase de exploración y producción de gas natural (upstream), incrementar las reservas de este hidrocarburo y reactivar los proyectos de gasoductos de transporte para atender las necesidades energéticas de la zona sur del país. La visión estratégica propuesta apunta a la consolidación de un anillo energético en el sur del país, interconectando el corredor minero desde Arequipa hasta Tacna para asegurar el abastecimiento de energía eficiente basada en el gas natural en el largo plazo.

La urgencia de abordar esta problemática se refleja en las cifras del proceso de formalización minera, de aproximadamente 31,000 inscritos, solo alrededor de 6,500 han logrado culminar satisfactoriamente dicho proceso. En este contexto, y considerando que una propuesta legislativa previa para regular la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) fue descartada, el nuevo gobierno enfrenta el desafío de formular y aprobar, en un plazo reducido, un nuevo marco normativo para el sector. Al respecto, el Dr. Vásquez enfatizó la necesidad de desarrollar una «ley MAPE tropicalizada», es decir, un régimen diseñado específicamente para las características y condiciones de la realidad peruana.

  1. Gestión del canon y percepción del beneficio social

A pesar de que el sector minero viene generando importantes recursos fiscales gracias a los atractivos precios internacionales de los metales observados a la fecha, existe una desconexión entre la bonanza económica y el bienestar de la población. El Dr. Vásquez señaló que el Estado ha fallado en la utilización descentralizada de los recursos del canon minero, debido a que las administraciones regionales y locales no han ejecutado correctamente estos fondos, ya sea por incapacidad de gestión o por actos de corrupción. Esta deficiencia institucional impide que la ciudadanía perciba los beneficios reales de la actividad extractiva en sus localidades, agudizando la desconfianza y afectando la licencia social de los proyectos.

  1. Conclusiones

La estructuración de políticas públicas para el sector minero-energético requiere un sentido de urgencia que no admite periodos de adaptación. Como concluye el Dr. Arturo Vásquez, el gobierno debe implementar incentivos fiscales inmediatos para la exploración minera y simplificar administrativamente la gestión de los permisos y autorizaciones. El éxito del país para insertarse eficientemente en el nuevo ciclo favorable de precios de los metales críticos está condicionado a la ejecución simultánea de tres ejes: la recuperación del orden territorial, la reforma del proceso de formalización minera, y la expansión de la infraestructura energética basada en el gas natural. Retrasar estas decisiones significará, en última instancia, dejar pasar una oportunidad histórica de desarrollo económico para el Perú.

Lima, 31 de julio de 2026

Dirección de Investigación

Escuela de Posgrado GĚRENS

Para más detalle de la entrevista ver el siguiente enlace:

  • Revista Rumbo Minero (2026). Arturo Vásquez: el próximo gobierno debe recuperar el control territorial en sus primeros 100 días. Recuperado de (consultado el 15 de julio de 2026): https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/arturo-vasquez-gobierno-recuperar-control-territorial-100-dias/

 

Para el Dr. Arturo Vásquez, la competitividad minera del Perú depende de una respuesta integral del Estado que combine seguridad, formalización y eficiencia energética. En su análisis, el avance de la minería ilegal no solo afecta el orden territorial, sino que también eleva la percepción de riesgo y reduce el atractivo del país frente a otras jurisdicciones mineras. Por ello, recuperar el control del territorio, consolidar de manera ordenada el proceso de formalización minera y garantizar energía eficiente basada en el gas natural de Camisea son condiciones indispensables para reducir costos, atraer inversión y aprovechar la actual ventana de oportunidad que está generando el reciente “boom de los metales críticos” como el cobre. Fuente: Rumbo Minero TV.

 

De acuerdo con el Dr. Arturo Vásquez, el gas natural de Camisea constituye un activo estratégico para la competitividad minera del Perú, al ofrecer una fuente de energía más eficiente y de menor costo frente a otros países competidores como Chile. Su aprovechamiento permitiría reducir los costos operativos de las operaciones mineras, fortalecer la seguridad del suministro energético y apoyar una matriz más limpia mediante su articulación con fuentes hidroeléctricas y renovables. Para ello, resulta clave destrabar inversiones en exploración, producción e infraestructura de transporte de gas, especialmente hacia el sur del país, donde se concentra una parte importante del corredor minero nacional. Fuente: Rumbo Minero TV.

 

De acuerdo con el Dr. Arturo Vásquez, consolidar grandes operaciones extractivas exige que el Estado garantice el control territorial y establezca reglas claras, frenando así el avance de la minería ilegal que ahuyenta la inversión. Elaboración de la ilustración: Dirección de Investigación, EPG GĚRENS, con asistencia de Google Gemini – Nano Banana.

Resumen para Concytec

Se analiza las perspectivas y desafíos estructurales del sector minero-energético en el Perú, tomando como eje central los planteamientos técnicos del Dr. Arturo Vásquez frente al actual ciclo de demanda global de metales críticos. El enfoque adoptado profundiza en la necesidad de implementar medidas estatales inmediatas para recuperar la competitividad del país, priorizando el control territorial frente al avance de la minería ilegal, la definición de un marco regulatorio estable y predecible para el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las concesiones mineras, y el fortalecimiento de la infraestructura energética mediante el aprovechamiento del gas natural. A partir de la evaluación de estos determinantes, el análisis concluye que el aprovechamiento de la ventana de oportunidad generada por la transición energética y la revolución tecnológica dependerá estrictamente de la capacidad del gobierno para garantizar seguridad jurídica y física, requiriendo decisiones políticas céleres, sin periodos de adaptación, y un sólido respaldo institucional.

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