La Dirección de Investigación de la Escuela de Postgrado GĚRENS se complace en anunciar la publicación del artículo del Dr. Arturo Vásquez Cordano, Profesor Principal y Director de Investigación de la Escuela, y ex viceministro de Energía, a propósito del VII Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía – ASIDE- llevado a cabo el pasado 15 de septiembre de 2025. En este congreso, el Dr. Vásquez participó como panelista en la mesa de debate sobre “Desregulación de los sectores energéticos versus modelos de Estado empresario”.
El panel estuvo conformado por destacados expertos del sector gasífero: Nikitza Chávez Atapoma, Gerente Legal y Oficina de Cumplimiento de Solgas, Alberto Cairampoma Arroyo, Profesor Principal de la PUCP, Jancarlos Vega, Kallpa Generación SA, William Villalobos, Expresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, y como moderador, Néstor Shimaburuko, Socio de CMS Perú.
A continuación, se presenta el artículo elaborado por Prof. Arturo Vásquez con sus reflexiones a propósito del debate sobre la disyuntiva entre la desregulación y el establecimiento de empresas estatales en el sector energético.
Desregulación de los Sectores Energéticos versus Modelos de Estado Empresario
Dr. Arturo Vásquez Cordano
Director de Investigación y Profesor Principal
Escuela de Postgrado GĚRENS
“La discusión sobre la relación entre Estado y mercado en el sector energético ha adquirido una renovada relevancia en los últimos años debido a la convergencia de tres grandes desafíos: a) garantizar la seguridad energética, b) avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, y c) asegurar un acceso equitativo a la energía. Durante varias décadas, el debate estuvo marcado por posiciones ideológicas relativamente definidas. Por un lado, aquellas que confiaban en la idoneidad de los mercados para asignar eficientemente los recursos y atraer inversiones en capital. Por otro, las que consideraban indispensable una intervención estatal activa para salvaguardar objetivos estratégicos y sociales. Sin embargo, la experiencia acumulada en Iberoamérica demuestra que ninguna de estas visiones, llevada a sus extremos, ha logrado resolver satisfactoriamente los complejos desafíos que enfrenta el sector energético contemporáneo.
En ese sentido, la liberalización de los mercados energéticos implementada en diversos países de la región durante las décadas de 1980 y 1990 generó importantes beneficios. La apertura a la inversión privada permitió expandir significativamente la infraestructura energética, mejorar la eficiencia operativa de las empresas y reducir las restricciones fiscales que enfrentaban los Estados. En el caso peruano, las reformas de los años noventa propiciaron las condiciones idóneas para el desarrollo de proyectos emblemáticos como Camisea que permitió desarrollar significativas reservas de gas natural en Cusco, la expansión de la generación eléctrica y la modernización de los distintos segmentos de la cadena de valor de la producción, transporte y distribución de energía. Tales resultados evidenciaron que los mercados competitivos constituyen mecanismos potentes para movilizar inversiones, fomentar la innovación y emitir señales económicas que promuevan una asignación eficiente de los recursos.
Sin embargo, paralelamente se constató que los mercados energéticos poseen particularidades intrínsecas que los diferencian de otros sectores económicos. La electricidad, por ejemplo, constituye un bien esencial para la productividad moderna y conlleva significativas externalidades ligadas a la seguridad del suministro. Asimismo, las inversiones en infraestructura sectorial suelen caracterizarse por elevados costos hundidos, extensos periodos de recuperación del capital y un riesgo regulatorio considerable. Estas singularidades derivan en fallas de mercado que justifican la intervención pública, especialmente en ámbitos orientados a la planificación de redes, la regulación de monopolios naturales y la protección de los consumidores vulnerables.
Por su parte, la transición energética ha agregado una nueva capa de complejidad a este debate. La incorporación masiva de energías renovables variables e intermitentes, como la solar y la eólica, ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar mecanismos que aseguren la confiabilidad y flexibilidad de los sistemas eléctricos. Los recientes problemas experimentados en diversos mercados internacionales durante el año 2025, como en los casos de Chile y España, demuestran que la sostenibilidad ambiental no puede analizarse de manera aislada de la seguridad energética. Por consiguiente, los sistemas eléctricos requieren capacidad de respaldo, servicios complementarios, almacenamiento e inversiones en transmisión que muchas veces no son adecuadamente remunerados por los esquemas tradicionales de mercado. En este contexto, el rol del Estado adquiere una importancia renovada como diseñador institucional y garante de la confiabilidad sistémica.
No obstante, reconocer la necesidad de una mayor participación estatal no implica necesariamente promover modelos de Estado empresario como principal solución. La experiencia de diversos países latinoamericanos muestra que cuando el Estado asume simultáneamente los roles de regulador, operador y formulador de políticas públicas pueden surgir conflictos de interés, problemas de gobernanza y riesgos fiscales significativos. En muchos casos, las empresas estatales sometidas a presiones políticas terminan tomando decisiones de inversión alejadas de los criterios de eficiencia económica, trasladando posteriormente los costos a los contribuyentes o a los consumidores. Al respecto, la situación reciente de proyectos energéticos estatales en la región, tales como Petroperú y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), constituye una advertencia sobre los riesgos latentes de desdibujar el rol estratégico del Estado mediante la operación directa de actividades susceptibles de ser gestionadas con mayor eficiencia por agentes privados.
Por ello, la discusión contemporánea debería abandonar la falsa dicotomía entre mercado y Estado para concentrarse en la construcción de arreglos institucionales más sofisticados. El desafío no consiste en determinar quién debe controlar el sector energético, sino en identificar cuáles son las funciones que cada actor desempeña mejor. Mientras los mercados continúan siendo instrumentos extraordinariamente eficaces para promover eficiencia, innovación y disciplina económica, el Estado, por su parte, posee ventajas comparativas en la definición de objetivos estratégicos de largo plazo, la corrección de fallas de mercado mediante mecanismos regulatorios, la protección de intereses públicos y la coordinación de inversiones sistémicas.
En el caso específico del sector eléctrico peruano, las recientes reformas regulatorias han reabierto esta discusión. La creciente penetración de energías renovables, las necesidades de expansión de las redes de transmisión y los desafíos asociados a la seguridad energética han llevado a replantear algunos supuestos que guiaron el diseño original del mercado. Sin embargo, cualquier reforma debería evitar caer en la tentación de sustituir las señales de mercado por mecanismos excesivamente centralizados de planificación. La experiencia internacional demuestra que la intervención estatal produce mejores resultados cuando se concentra en corregir fallas específicas del mercado y no cuando pretende reemplazarlo completamente.
En este nuevo contexto, el Estado debería fortalecer principalmente su función de árbitro y garante de la seguridad energética. Ello implica desarrollar marcos regulatorios estables, promover mecanismos competitivos para la contratación de capacidad y servicios complementarios, impulsar la expansión oportuna de las redes energéticas y asegurar que los costos asociados a la confiabilidad sean asignados de manera eficiente. Asimismo, debe preservar la neutralidad tecnológica y evitar favorecer arbitrariamente determinadas tecnologías o modelos de negocio. La transición energética requiere innovación constante, y dicha innovación suele florecer con mayor intensidad cuando existe competencia y libertad para descubrir soluciones tecnológicas eficientes.
Por otro lado, el mercado debe evolucionar con el fin de incorporar nuevas señales económicas que reflejen adecuadamente las exigencias de la transición energética. Los sistemas eléctricos modernos necesitan valorar atributos que anteriormente carecían de prioridad, tales como la flexibilidad operativa, la capacidad de respuesta rápida, el almacenamiento y la resiliencia ante eventos climáticos extremos. Los mecanismos de mercado son perfectamente capaces de adaptarse para remunerar estos servicios, siempre que se establezcan reglas transparentes y tecnológicamente neutras. Desde esta perspectiva, la regulación no debe concebirse como una antítesis del mercado, sino como una condición habilitante indispensable para el correcto funcionamiento de este en entornos de creciente complejidad.
En definitiva, el equilibrio más adecuado entre Estado y mercado para los próximos años no consiste en fortalecer indiscriminadamente a uno u otro, sino en construir una relación complementaria basada en fortalezas institucionales claramente definidas. El Estado debe liderar la visión estratégica, garantizar la seguridad energética y proteger el interés público; mientras que el mercado debe seguir siendo el principal mecanismo para canalizar inversiones, promover innovación y revelar información económica relevante. La verdadera discusión ya no es cuánto Estado o cuánto mercado necesitamos, sino cómo diseñar instituciones capaces de aprovechar simultáneamente las ventajas de ambos para enfrentar los desafíos energéticos del siglo XXI”.
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Lima, 22 de junio de 2026.
Dirección de Investigación
Escuela de Posgrado GĚRENS.
Para más detalle del panel ver el siguiente enlace:
- Chávez, N. (2026). LinkedIn. Recuperado de (Consultado el 12 de junio de 2026): https://www.linkedin.com/posts/nikitza-ch%C3%A1vez-1b4362a1_me-llena-de-orgullo-de-poder-participar-como-ugcPost-7366496863434313729-7IJA/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAKgrAgBJeKXR_9ioQXz2LufhhoNHcMmGjg
- Shimabukuro, N. (2026). LinkedIn. Recuperado de (Consultado el 12 de junio de 2026): https://www.linkedin.com/posts/n%C3%A9stor-shimabukuro-420238127_transiciaejn-transiciaejn-seguridad-ugcPost-7374472625164558337-mcVY/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAKgrAgBJeKXR_9ioQXz2LufhhoNHcMmGjg
Fuente y Elaboración: Dr. Arturo Vásquez Cordano, con asistencia de DALL-E, GĚRENS Escuela de Postgrado.
En su ponencia en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía de ASIDE, el Prof. Arturo Vásquez explicó que la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el acceso equitativo a la energía constituyen los tres pilares fundamentales sobre los cuales debe construirse la transición energética de las próximas décadas. La infografía sintetiza estas ideas. Alcanzar estos objetivos requiere un equilibrio inteligente entre el Estado y el mercado, donde el primero asuma un rol estratégico orientado a definir políticas de largo plazo, establecer reglas claras, supervisar el funcionamiento del sistema energético y corregir fallas de mercado, mientras que el segundo aporte inversión, innovación, eficiencia y señales económicas que permitan asignar adecuadamente los recursos. Este equilibrio solo será posible sobre la base de instituciones sólidas, marcos regulatorios estables, transparencia, diálogo público-privado y una visión compartida de desarrollo sostenible. En un contexto de crecientes desafíos asociados al cambio climático, la transformación tecnológica y la seguridad del suministro, el éxito de la transición energética dependerá menos de optar por más Estado o más mercado y más de construir una gobernanza capaz de aprovechar las fortalezas de ambos para garantizar energía confiable, limpia, asequible y accesible para todos.
