El Perú tiene una escueta historia de eficaz gestión del agua desde del incario, aun cuando en el último decenio se hayan realizado importantes logros. Sin embargo, hay interesantes ejemplos de éxito en el pasado.
Si nos remontamos al año 1700, el Deán de la Catedral de Trujillo don Antonio de Saavedra y Leiba fue nombrado Juez de Aguas por el Virrey Conde de la Monclova. En su gestión redactó y puso en funcionamiento un reglamento del agua para la distribución del líquido elemento en las haciendas y chacras de los valles circundantes de la ciudad de Trujillo.[1] Lo interesante del caso es que esta norma tuvo matices de gran sustentabilidad pues estuvo vigente por más de 250 años. Su relevancia fue tal que sirvió como base a numerosas regulaciones a nivel nacional.
Después de haber visto pasar “mucha agua por el rio”, actualmente, la gestión del agua ha llegado a nivel presidencial, pero con un enfoque de cobertura y saneamiento. Una de las metas principales del presidente Kuczynski es que todos los peruanos tengan acceso a servicios del preciado recurso al fin de su mandato. Esta noble meta que tiene impactos importantísimos no solo en la calidad de vida sino en la salud de los habitantes del Perú, es sumamente ambiciosa considerando las complejidades de un sector que funciona con respirador artificial desde hace ya buen tiempo.
Encuestas del INEI del 2014 (publicadas en el 2016) arrojaron que el 85% y 62% de las viviendas urbanas y rurales, respectivamente, eran abastecidas por una red pública (total de 79%). Eso implicaría que hay 6.4 millones de habitantes sin acceso a este servicio.
En el caso de saneamiento las estadísticas son mucho más alarmantes. En el sector urbano el 79% de las viviendas tenían algún acceso a la red pública de excretas mientras que en la zona rural solo el 15% (total de 63%). Considerando los datos del 2014 (30.8 millones de habitantes), se estima que más de 11 millones de personas no cuentan con servicio de saneamiento apropiado.[2]
Esos datos, aunque muy relevantes, reflejan la cantidad del servicio y no su calidad. Se sabe que existen, por ejemplo, muchas ciudades (varias de ellas metrópolis) que no proveen servicio regular de agua y que sus albañales descargan fluidos no tratados (muchos de ellos industriales con abundancia de residuos peligrosos) a cuerpos de agua, acentuando los ya elevados niveles de contaminación y graves consecuencias para la salud comunitaria.
Si bien durante el quinquenio 2010-2015 se invirtieron aproximadamente US$1,050 millones en saneamiento la brecha es aun enorme. Según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025[3] se requiere US$12,252 millones (US$2,629 millones US$ 9,623 millones para abastecimiento y saneamiento respectivamente) a fin de lograr cobertura universal en los ámbitos urbanos y rurales. Esto quiere decir que, si desea alcanzar este objetivo en los próximos cinco años del nuevo gobierno, se debería invertir un promedio de $2,450 millones al año u 11 veces más de lo que se hicieron en los pasados cinco. Esto, per se, ya es un reto sin precedentes.
El problema no sólo es inversión. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) están en su mayoría quebradas o con problemas serios de insolvencia. Un reciente estudio de gobernabilidad y gobernanza mostró que de 49 EPS de provincias ninguna tenía buen desempeño; 18% se catalogó de regular, 25% bajo y 57% muy bajo.[4] Hay pues aquí una tarea monumental de fortalecimiento institucional y gobernanza que requiere de urgente mejora en su gestión.
Es importante recalcar la experiencia en los Estados Unidos de Norteamérica en esta materia. En los años 1800 ocurrieron epidemias de cólera y otras enfermedades relacionadas a aguas contaminadas que tomaron las vidas de cientos de miles de personas. A comienzos de 1900 se empezó a usar masivamente el cloro en la purificación del agua y, casi inmediatamente se diseñó un nuevo sistema de gestión. Se aprobaron nuevas leyes federales y estatales y, acompañados de un eficiente sistema regulatorio, se dio un cambio radical.
Lo interesante del caso es que la masiva inversión del excelente servicio ofrecido hasta nuestros días ha sido en su mayoría público: cerca del 90% de las empresas de agua están en manos de gobiernos locales con apoyo de proveedores privados. Pero parte del gran logro fue el sistema de gobernanza que se estableció en las empresas de saneamiento. Es común ver que las equivalentes de las EPS (minoristas) y los llamados distritos de agua (mayoristas) son gobernados por directorios de ciudadanos que representan a los usuarios (algunos elegidos; otros nombrados por autoridades elegidas). En otras palabras, la conducción de las empresas no está en las manos de burócratas sino de aquellos que la usan.
En el Perú es obvio que estos tremendos retos no son sólo competencia del sector público con financiamiento de multilaterales y agencias donantes. El sector privado tiene que cumplir un rol protagónico en resolver estos graves problemas. Sin embargo, es primordial que el gobierno rediseñe un sistema quebrado y lo haga funcional (siguiendo un enfoque a la americana o cualquier otro propio o mixto) y que sea económico, social y ambientalmente sustentable. En inglés hay una palabra de gestión difícil de traducir: accountability (responsabilidad, rendición de cuentas, etc.). Esta debería ser la clave que comprometa a aquellos que manejan el agua en forma eficaz y eficiente.
El abastecimiento de agua y saneamiento es para el presidente entrante un tema de especial consideración. Es cierto que la gestión del recurso tiene que ver con asuntos más profundos no discutidos en este artículo (manejo de cuencas, derechos de agua, contaminación, etc.) pero hay que comenzar con éste que es sumamente urgente. De ello depende la vida, bienestar e inclusión de millones de personas, muchas de ellas en situación de pobreza.
Invito a los interesados a la discusión de este tema y otros afines en el XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, del 26 al 30 de setiembre en Lima ( http://ladhi2016.org/).
[1] O. Gabriel Prieto Burmester, noviembre de 2010.
[2] Gestión, julio 2016.
[3] Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
[4] Gestión, febrero 2016.
Compromiso político con enfoque integrado de cuencas hidrográficas y acción social (uso racional del agua, minimizar los impactos negativos que perturben la calidad del agua.)