¿Por qué promover el desarrollo económico local?

En el contexto de la industria extractiva

El pueblo de Nuevo Porvenir es una localidad asentada a 3,500 metros sobre el nivel del mar, en una región desconectada a la red vial nacional. Para poder llegar a una ciudad intermedia, con mejores servicios y mejor conectada con el mercado, deben trasladarse aproximadamente 2 horas diarias, en precarias condiciones.

En este centro poblado habita un importante yacimiento minero, rico en reservas polimetálicas que había estado explotándose de manera informal, pero pertenece a una importante empresa minera global que está interesada en desarrollarlo, cumpliendo todos los lineamientos de política social y ambiental nacional y con altos estándares de gestión. Sin embargo, por desconfianza, malos ejemplos, pésimos antecedentes locales con la actividad minera y un marcado posicionamiento político radical, no es posible avanzar en la legitimidad social que se necesita.

Las actividades productivas más importantes de este centro poblado, en sus más de 80 años de fundación, no han podido sacarlo de la pobreza y pobreza extrema en la que vive el 62% de su población. Son agricultores con una economía de consumo y sus servicios públicos son precarios. Solo el 15% de la población posee servicios de agua y saneamiento domiciliario, pero a través de un sistema de agua entubada y letrinas individuales que en su mayoría no se usan. Solo tienen energía eléctrica a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, de un sistema propio que ellos mismos se autofinancian, con mucho esfuerzo. Algunos días no la tienen porque no pudieron pagar el combustible del generador eléctrico.

Sus casi 2,000 pobladores viven nucleados en un centro poblado que aglutina al 60 % de la población. El 40% restante vive atomizado, en zonas que están cercanas a su centro de pastoreo y pequeñas parcelas agrícolas. Muchas veces, movilizarse a sus zonas de rebaño y parcelas les toma todo el día y retornan a sus domicilios bien entrada la tarde.

Tienen un plan de desarrollo concertado que está articulado a la municipalidad distrital de Huayllay pero que, en estricto, casi nunca se cumple, por una serie de motivaciones políticas y falta de un mayor presupuesto público.

¿Qué oportunidad tienen hoy, para cambiar su actual condición de pobreza y generarse un mayor bienestar? ¿Empezar la construcción de un espejo de almacenamiento de agua, para procurarse aguas abajo de un sistema de cultivos con enfoque de mercado? ¿Poner en valor su riqueza ambiental y paisajística, para promover turismo en la zona y algunas familias se beneficien de estos ingresos económicos que dejan los turistas? ¿Desarrollar una estrategia para el cultivo de papa nativa que está bastante bien cotizada en el mercado? ¿Gestar un programa de textilería y artesanía local para exportar a mercados europeos y chinos? ¿Aprovechar las fuentes hídricas estacionarias, que tienen en buena cantidad, instalando piscigranjas para el cultivo de truchas y a partir de allí dinamizar mejor su economía local? ¿Prepararse para el arribo de esta empresa extractiva y crear emprendimientos locales que puedan brindarle servicios a través de la cadena de suministros corporativa? Todo esto está planteado en el plan de desarrollo concertado anual, además de la necesidad de mejorar la infraestructura de servicios de educación y salud local; e implementar un sistema de infraestructura vial y accesos por sus corredores económicos naturales. ¿Qué falta?

Este es el caso de algunos contextos extractivos en nuestro país. El sector no ha sido capaz de apoyar, con mayor contundencia, en este desarrollo; y el Estado, ha sido siempre, desbordado, por una deuda histórica que le ha “pasado la factura” a sus omisiones y olvidos. Los resultados han sido, paralizaciones, violencia, pérdidas de oportunidades, atraso generalizado; y lo que es peor, pérdida irreparable de vidas humanas. Por supuesto, en la parte superior de la toma de decisiones, la desconexión con lo local ha sido gran parte del problema y muy perjudicial para los intereses de estas familias pobres.

Pero. ¿qué diferente puede ser hoy la historia, si después de 10 años de bonanza económica en nuestro país, (2004 – 2014) muchos de estos pueblos que han tenido operaciones extractivas importantes no han podido despegar hacia una mejora en su bienestar social y calidad de vida de sus familias? ¿Por qué creemos que se puede aportar en ello y plantear esquemas innovadores, tanto de política pública como política corporativa que mejore las condiciones estructurales de estos pueblos y viabilice, con legitimidad de origen, operaciones extractivas con un compromiso mayor hacia su desarrollo local?

En este programa académico traemos la experiencia corporativa y pública de una serie de profesionales e investigadores que se han tomado el tiempo para analizar los hechos y sus respectivos contextos sociales. Además, hemos recogido información de campo de diversos contextos locales y globales, donde se promueve desarrollo económico local, a través de la participación activa de las industrias extractivas. Todo ello nos permitirá plantear una propuesta nueva que recoge las lecciones aprendidas, articula, de una manera mucho más precisa, roles y responsabilidades públicas y privadas e incorpora la recomendación de una adecuación o gestación de nuevas políticas públicas, necesarias para viabilizar el desarrollo económico.

Desde el lado corporativo, con la participación de actores claves, en su proceso de toma de decisiones, reflexionamos sobre el rol social y su impacto en la sostenibilidad de la industria extractiva y el desarrollo sostenible de su contexto inmediato. Analizamos qué es lo que se ha hecho en cada contexto distinto de nuestro país. Identificamos qué se pudo haber hecho mejor y cómo se distribuyeron los recursos, por ejemplo, del aporte voluntario o el impacto de las asociaciones civiles, creadas en este marco institucional.

Entonces, la respuesta a nuestra pregunta del titular tiene diversas connotaciones

1. Porque creemos que desde lo local se podrá ejercer una dinámica distinta a la desarrollada estos últimos años, cuando se impulsen prácticas corporativas y de gestión local exitosas, como modelos replicables. Y, a partir de allí, se pueda contagiar, positivamente, la gestación de políticas públicas y corporativas nacionales mucho más favorables al desarrollo local.
2. Porque el beneficio económico trae consigo la mejora de las condiciones de vida. Ello, a su vez, genera espacios de concertación más apropiados, menos críticos, en su relacionamiento y con mayor apertura a la promoción de actividades cada vez más productivas.
3. Porque la promoción de desarrollo económico genera un sentimiento de futuro distinto que favorece la felicidad de las familias y la consecuente tranquilidad y productividad de los gestores públicos en su rol como promotores del desarrollo local.
4. Porque es eficiente y estratégico para los propósitos mayores del desarrollo del país. Un país tan diverso y complejo, en su geografía, debilidad política e institucionalidad, requiere mirarse desde dentro.
5. Porque creemos que, desde la base, se pueden cambiar las dinámicas regionales y nacionales, que actualmente, en países, como el nuestro, vienen trabando procesos políticos dialógicos y espacios de concertación mayor.
6. Porque desde una perspectiva ética y moral tanto el sector corporativo como el Estado, en general, tienen una responsabilidad impostergable en mejorar las condiciones de vida de las familias locales, adyacentes a los centros de operaciones extractivos.

Los esperamos.