Las inversiones a gran escala en infraestructura, agronegocios, industria extractiva y sivicultura requieren desarrollar proyectos en lugares remotos donde ni el gobierno, ni las comunidades están lo suficientemente preparados para los cambios que traen estos proyectos. Sin una legislación sólida, sin autoridades capacitadas y responsables y sin procesos efectivos de consulta y de comunicación, los proyectos causan conflictos sociales y ambientales entre la empresa y las comunidades locales, cuyos derechos fundamentales, tierras y su forma de vida se ven afectados.
Los conflictos sociales relacionados a proyectos de gran escala en minería han sido más visibles en gran parte debido a que la sociedad civil está altamente movilizada en las zonas mineras. Sin embargo, los conflictos surgen en todo el mundo y en múltiples sectores. En todo el mundo hay disputas por el petróleo, el gas, los proyectos mineros, las presas de agua y la adquisición a gran escala de tierra para la agricultura. Un factor común en este amplio conjunto de países e industrias es que las comunidades y los ciudadanos sienten que están siendo excluidos de los procesos que los afectan directamente y con frecuencia de manera negativa. El efecto puede ser múltiple, desde sus derechos fundamentales, sus tierras y su forma de vida; por ello, ven el uso de la fuerza —ya sean las armas, el bloqueo de carreteras o la protesta— como el mejor y tal vez el único medio de defenderse.
Aunque es muy desafiante, se puede hacer mucho para evitar y prevenir este tipo de conflictos sociales: cuando las empresas utilizan el enfoque correcto para comprometerse de forma efectiva y temprana con las comunidades, cuando el gobierno tiene la legislación adecuada así como el deseo y la habilidad de regularla local y nacionalmente; y cuando los ciudadanos y las comunidades locales tienen una voz significativa en todas las etapas del proceso de inversión que determinará su futuro. Lograr todo esto no es poca cosa, puede parecer un desafío astronómico identificar riesgos en etapas tempranas y movilizar a varios niveles del gobierno, comunidades y ciudadanos locales, y empresas —cada uno con visiones y agendas diferentes.
De modo alentador, diversas empresas ahora entienden la importancia de colocar el riesgo social a la par del riesgo técnico y dar valor a los procesos de participación de las comunidades afectadas; y están trabajando para emplear ese mejor entendimiento en sus procedimientos operativos. Sin embargo, el número de estas empresas es aún muy pequeño e incluso las empresas bien intencionadas pueden acabar cometiendo errores. Los gobiernos también están trabajando en la revisión de su legislación, en implementarla de manera efectiva y en asumir mejor su responsabilidad. El desafío es abrumador, la capacidad es limitada y a veces los intereses particulares frustran el cambio.
En una conferencia reciente en La Haya, se hizo un llamado a liberar capitales para construir la capacidad inherente de las comunidades para abordar las tensiones a nivel local —antes de que aumenten. Esto permitiría a las comunidades afectadas priorizar el papel que cumplen en su propio desarrollo y ayudaría a la prevención local y temprana del conflicto, en especial en las inversiones que no se hacen a través de la banca de desarrollo o comercial ya que éstas son sujetas a menores políticas o controles. La comunidad internacional puede incrementar los esfuerzos para recopilar y compartir de forma activa el conocimiento, las experiencias y las percepciones acumuladas sobre el tratamiento constructivo para abordar retos comunes con las comunidades en riesgo de sufrir conflictos sociales. Así como apoyar a definir la forma de dar los pasos necesarios para promover la participación de los ciudadanos en el logro de su futuro deseado, en las decisiones de aceptación o rechazo y en la definición de cómo pueden llevarse a cabo los grandes proyectos de inversión. Esto ayudaría a fortalecer a los pobladores locales y a las organizaciones de la sociedad civil a jugar un rol vital, que con frecuencia es subestimado, en el monitoreo de las actividades de proyecto y en lograr que las instituciones y las personas den cuentas por los compromisos que asuman y por el cumplimiento de sus roles y responsabilidades.
El grupo de empresas que predican con el ejemplo sobre las buenas relaciones con la comunidad debe crecer, y los gobiernos con el deseo de mejorar deben ser respaldados en la tremenda tarea de gobernanza responsable. Sin embargo, estos son procesos desafiantes y a largo plazo para las empresas y para los gobiernos. Mientras tanto, es esencial que se comparta información inicial y que se otorgue apoyo a las comunidades cuyos derechos fundamentales, tierras y sustento han sido afectados por el desarrollo de proyectos a gran escala y que están en un riesgo elevado de conflicto social. A largo plazo, las comunidades bien informadas y empoderadas contribuyen con mejores resultados para todos —para las comunidades mismas, así como para el desempeño, la efectividad y la responsabilidad de las empresas con las cuales se comprometen y para aquellos que los gobiernan.
Artículo traducido y adaptado de International Network for Economics and Conflict
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