Con el objetivo de analizar los factores que propician el relacionamiento sostenible con las comunidades, la Escuela de Postgrado GERENS organizó, el 02 de julio, el Foro Conversatorio Licencia Social para Operar (LSO). La moderación del evento estuvo a cargo del profesor Miguel Castañeda, especialista en gestión social, quien señaló que esta iniciativa tiene la meta de sistematizar las propuestas generadas entre expositores y participantes, a fin de intervenir en una mejor gestión de los recursos durante los proyectos de inversión social.
«Existe un plan posterior, vinculado al desarrollo de un documento entre industria y academia, que consolide las reflexiones en estas reuniones. El objetivo es recoger estas experiencias, encontrar lecciones aprendidas y hacer propuestas conceptuales y metodológicas a futuro,» mencionó.
Durante el encuentro se abordaron temas como el valor compartido versus la responsabilidad social empresarial, el vínculo entre Relaciones sostenibles y operaciones sostenibles; y el significado de la Licencia Social para Operar. Finalmente, se presentaron casos de estudio de gestión social en empresas mineras.
El evento contó con expositores de primer nivel, entre ellos, Richard Graeme, Ex gerente de Goldfields y del Proyecto El Galeno de Lumina Copper; Antonio Cornejo, Ex gerente de relaciones comunitarias y compra de tierras de Antamina; Marco Balcazar, Gerente de responsabilidad social y comunicaciones en Marcobre; Miguel Incháustegui, Vicepresidente de Asuntos Corporativos en Goldfields; Edwin Amoretti, Gerente de Relaciones Comunitarias en Antapaccay y Darío Zegarra, Gerente de Desarrollo Social en Antamina.
Del mismo modo, participaron en la audiencia: Ana Rosa Adaniya, Directora de la Maestría en Gestión Minera de GERENS; Víctor Gobitz, CEO de MILPO y Presidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, entre otros.
Diversidad de experiencias
El inicio de las charlas estuvo a cargo del Ex gerente de Goldfields, Richard Graeme, quien indicó que el desarrollo sostenible en el Perú funciona cuando la industria propone una estrategia clara de comunicación que incluye el trabajo directo con la población.
«Es nuestra responsabilidad buscar algo en común con las comunidades para trabajar con ellas. En ese trayecto, es clave identificar sus preocupaciones como una oportunidad valiosa para crear sostenibilidad. Esa es la minería donde todos ganan», señaló.
Por su parte, Antonio Cornejo, ex gerente de relaciones comunitarias y compra de tierras de Antamina, manifestó que el término Licencia Social para Operar debe ser reenfocado hacia la viabilidad o aceptación social, ya que este término es más preciso para definir el equilibrio deseado entre la intervención de la empresa minera y el desarrollo de los grupos de interés, a fin de lograr la legitimidad y paz social.
A su turno, el Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones en Marcobre, Marco Balcazar, comentó que uno de los retos pendientes en su sector seguirá siendo el cambiar la visión cortoplacista en la toma de decisiones y el mensaje de fondo en la propuesta hacia las comunidades.
«La industria será socialmente responsable, cuando la connotación de su propuesta deje de ser negativa. Al presentar el Estudio de Impacto ambiental (EIA), se está diciendo: “voy a hacer daño, pero no mucho”. Por el contrario, si la propuesta gira a una connotación positiva y se presenta un estudio de beneficio social, las comunidades no se opondrían a su desarrollo. Este nuevo compromiso debe ser desde la alta dirección.»
Durante su participación, Miguel Incháustegui, Vicepresidente de Asuntos Corporativos en Goldfields, indicó que el objetivo de la empresa minera debe ser convertirse en un aliado que logre el desarrollo de la comunidad. Para ello, se debe ser constante en triangular esfuerzos con el estado he instalar su presencia en el ámbito directo de la operación.
«Cualquier empresa que se instale en una zona, no solo debe preocuparse por su operación, también por mejorar la calidad de vida en su entorno. Esto no implica que se realice una fuerte inversión directa en la comunidad, sino de atraer al Estado para que cumpla su función. De esto trata el valor compartido.»
Sin embargo, según Edwin Amoretti, Gerente de Relaciones Comunitarias en Antapaccay, la distribución de la inversión social, a través de un Convenio Marco, permite que empresa y comunidad trabajen de forma conjunta, ya que se brinda capacitación en el desarrollo de proyectos y el uso de herramientas de gestión, para ganar el presupuesto frente al comité del marco convenio. De esta manera, focalizar la inversión en el ámbito de influencia directo y en función a las necesidades básicas de la comunidad.
Finalmente, la charla de cierre estuvo cargo del Gerente de Responsabilidad Social de Antamina, Darío Zegarra, quien sostuvo que el sector minero debe prestar atención a las aspiraciones de las comunidades, empezando por conocer su territorio con las herramientas correctas de gestión. “Si no se entienden las aspiraciones de la comunidad, no se podrá construir una relación a largo plazo, ya que toda relación inicia con una aspiración mutua hacia un mejor futuro”.
A su vez, señaló que estas aspiraciones aterrizan en tres niveles dentro de la comunidad: ingresos individuales, beneficios sociales colectivos y ocupación/impacto del territorio. “Estos desafíos deben ser abordados como un proceso de cambio sistémico que inicia con la construcción de confianza. Este clima hace posible la institucionalidad, que permite el manejo de crisis sociales y, en consecuencia, mejora la calidad de vida,” Concluyó.
