El pasado 26 de febrero de 2024, el Diario El Comercio publicó el artículo del periodista Juan Saldarriaga titulado “Eléctricas estatales contra las cuerdas”. En este artículo, se analizan los resultados de la nueva fijación por parte de Osinergmin de las tarifas eléctricas aplicables a las empresas distribuidoras estatales bajo el ámbito de FONAFE. Esta regulación viene siendo criticada por diversos especialistas del sector eléctrico porque prevén que tendrá un efecto negativo sobre la economía de estas empresas estatales para sostener sus operaciones y cumplir con sus planes de inversión. La ejecución de estos planes es necesaria para el desarrollo de nueva infraestructura de transmisión y distribución eléctrica en las regiones. En este artículo se cita el análisis del Dr. Arturo Vásquez Cordano, Director de Investigación, Profesor Principal de la Escuela de Postgrado GĚRENS y experto en temas de economía, gestión y regulación del sector eléctrico.
Una de las prioridades en la agenda del sector eléctrico en el Perú y, en particular, de las empresas de distribución eléctrica del Estado, consiste en mejorar la infraestructura y la calidad del servicio en las regiones del interior del país. Según el Presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), César Butrón, los sistemas de distribución eléctrica en las regiones enfrentan una carga excesiva, registrándose numerosos incidentes e incendios debido al retraso en las inversiones en redes de transmisión y distribución generadas por la sobrecarga regulatoria (exceso de trámites, permisos y autorizaciones) y la falta de incentivos tarifarios para las inversiones en estas infraestructuras.
Sin embargo, a pesar de la urgencia de abordar esta problemática, el Estado no ha tomado cartas en el asunto. En contraste, lo que se observa es que se está tomando un camino equivocado. La reciente fijación de tarifas de distribución eléctrica para las empresas estatales por parte de Osinergmin ha reducido de manera significativa el Valor Agregado de Distribución (VAD que es el cargo que pagan los clientes por el servicio de distribución eléctrica). Este resultado generará efectos adversos sobre las capacidades de inversión de estas empresas para cumplir con sus proyectos de reforzamiento y expansión de los sistemas de transmisión y distribución en las regiones bajo su ámbito de concesión.
El Dr. Vásquez estima que la reducción del VAD, vigente hasta el 31 de octubre de 2027, es significativa, alcanzando una magnitud de 4.5% en promedio. Esta reducción implica que las distribuidoras estatales se verán limitadas de obtener recursos para financiar sus planes de inversión y de operación mantenimiento, así como sus proyectos de expansión de redes para mejorar la cobertura y la calidad del servicio eléctrico en las regiones del interior del país. Además, el artículo señala unas estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la cual ha calculado pérdidas anuales significativas para diversas empresas estales. Por ejemplo, la SNMPE estima las pérdidas en S/ 143 millones para las empresas del Grupo Distriluz (que abarca 11 regiones del norte y centro del país), en S/ 50 millones para Electro Oriente (que abastece de energía a las regiones de la selva peruana), en S/18 millones para Electro Ucayali, y en S/20 millones para SEAL (que cubre la región de Arequipa).
El Dr. Vásquez observa que la decisión de Osinergmin de bajar las tarifas de las empresas distribuidoras estatales podría estar motivada por criterios antitécnicos y discrecionales muy controvertidos (como, por ejemplo, algún tipo de «populismo tarifario»), con el objetivo de ganar algún tipo de simpatía en las provincias mediante la reducción de las tarifarias de la luz. El ajuste de tarifas a la baja sería incongruente con lo observado en la realidad del mercado de materias primas, donde se han apreciado incrementos significativos en los costos del acero, el aluminio, el cobre y la mano obra en el contexto posterior a la pandemia del COVID-19. Asimismo, se observa que en la fijación tarifaria de las empresas estatales se han utilizado parámetros técnicos de las redes rurales para analizar sistemas de distribución urbanos, lo cual es una práctica inconsistente.
Por ello, resulta necesario que se ponga en la agenda del Ministerio de Energía y Minas la revisión del esquema de regulación de la distribución eléctrica considerando las mejoras prácticas internacionales, a fin de que se reduzca la discrecionalidad en la determinación de los costos que se trasladan a las tarifas eléctricas que pagamos todos los usuarios. La revisión del esquema de regulación debe permitir, a largo plazo, que las tarifas eléctricas sean eficientes, pero que a la vez generen los recursos necesarios para que las empresas eléctricas estatales puedan realizar inversiones, las cuales hagan posible garantizar el abastecimiento de energía para atender el crecimiento de la demanda eléctrica, así como mejorar la cobertura y la calidad de los servicios eléctricos que reciben los usuarios en las regiones del interior del país.
Lima, 15 de marzo del 2024
Dirección de Investigación de la Escuela de Postgrado GĚRENS.
