El 27 de noviembre de 2025 el periodista Mario Ghibellini en su programa NPortada de Canal N entrevistó al Dr. Arturo Vásquez Cordano, Director de Investigación y Profesor Principal de la Escuela de Postgrado GĚRENS, y exviceministro de Energía. Durante la conversación, el Dr. Vásquez presentó un análisis crítico y propositivo sobre el funcionamiento del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), en el que explicó su origen, identificó las principales distorsiones que ha generado y evaluó sus efectos prácticos tanto sobre el mercado de combustibles como sobre el balance fiscal del país.
De acuerdo con el Dr. Vásquez, el FEPC se instauró en 2004 mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2004 con la finalidad de amortiguar las oscilaciones de los precios internacionales del petróleo y, de ese modo, mitigar los efectos negativos en los consumidores por las variaciones abruptas en los precios internos de los combustibles. Su diseño original fue el de un fondo revolvente basado en un mecanismo de bandas: cuando los precios internacionales superaban la banda, el fondo compensaba a refinadores o importadores para evitar aumentos en los precios al consumidor, mientras que cuando los precios caían por debajo de la banda, las empresas debían aportar al fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo y por intervenciones de la política pública, el mecanismo dejó de operar como un instrumento neutral y pasó a comportarse como un subsidio estatal encubierto.
En términos cuantitativos, el Dr. Vásquez explicó que, durante el periodo de funcionamiento del FEPC, únicamente en cinco años hubo aportes efectivos por parte de las empresas. En los quince años restantes el Estado desembolsó compensaciones. Esta dinámica acumuló una deuda que llegó a aproximadamente 18 mil millones de soles, de los cuales el Estado habría pagado alrededor de 17 mil millones de soles, quedando pendiente cerca de mil millones de soles pendientes de pago. Ese pasivo, además, se ha ido gestionando sin el pago de intereses, una práctica que, según el Dr. Vásquez, disuade la participación privada y erosiona la credibilidad del mecanismo.
El Dr. Vásquez identificó varios factores que explican la pérdida de confianza de los operadores. Primero, la irregularidad en los pagos por parte del Estado, “paga mañana, tarde y nunca”, en sus palabras, genera problemas de liquidez y costos financieros para las empresas del sector hidrocarburos. Segundo, modificaciones regulatorias introducidas a través de decretos supremos han distorsionado la regla original. Por ejemplo, un decreto del año 2021 fijó topes y estableció condiciones obligatorias para cobrar compensaciones. En la práctica, este decreto aproxima el mecanismo a un control de precios más que a un esquema de estabilización neutral. Dado que la Constitución prohíbe los controles generales de precios, esta situación agravaría la tensión entre la política energética, la libertad de precios, la economía de mercado y la confianza de los agentes privados para participar en el FEPC.
En cuanto al alcance actual del Fondo, el Dr. Vásquez señaló que sus usos se han focalizado en dos ámbitos concretos: el diésel para el transporte (transporte de carga y transporte público) y la generación eléctrica. Si bien los precios internacionales de los combustibles han mostrado una tendencia a la baja, el Dr. Vásquez advirtió que un eventual aumento repentino en los precios, por ejemplo, por un conflicto geopolítico podría provocar incrementos en el precio del diésel u otros combustibles esenciales como las gasolinas y el GLP. Estas subidas abruptas en los precios podrían generar paros de transportistas y crisis de abastecimiento, provocando malestar en los consumidores y presionando al Ejecutivo a recurrir a la activación completa del mecanismo. Por tanto, aunque la desactivación completa del FEPC es técnicamente factible, el Dr. Vásquez consideró políticamente improbable que la administración actual lo elimine por completo sin un diseño alternativo que mitigue riesgos sociales y logísticos.
Sobre la participación privada, el Dr. Vásquez comentó que varias empresas se han retirado del esquema por la falta de garantías y de pagos oportunos. En conjunto, la empresas retiradas representarían más del 65% de la operación. El restante 35% correspondería a importadores que siguen vinculados al Fondo, aunque su permanencia no es segura y dependerá de la evolución de la confianza y de las decisiones del Ejecutivo.
Frente a ese panorama, el Dr. Vásquez planteó la necesidad de una revisión integral del mecanismo. Recomendó analizar y corregir los parámetros que se han ido distorsionando, restituir reglas que permitan previsibilidad (incluyendo la consideración de intereses razonables por deudas pendientes) y reestructurar el Fondo para que recupere su naturaleza original como instrumento de estabilización y no como subvención permanente. En síntesis, postuló que la solución debe priorizar la credibilidad técnica y la transparencia administrativa, de modo que el sector privado vuelva a percibir al FEPC como viable y equitativo.
Al final de la entrevista, el Dr. Vásquez explicó el conflicto entre las decisiones de corto plazo con carga política y la necesidad de reglas estables que garanticen la operación eficiente del mercado de combustibles. Para avanzar, concluyó, es imprescindible que las autoridades realicen un diagnóstico técnico y tomen decisiones para reconfigurar el FEPC bajo criterios técnicos claros. Si se opta por su desactivación, es necesario planificar medidas compensatorias que eviten impactos sociales y logísticos significativos cuando se generen alzas en los precios internacionales de los combustibles.
Lima, 30 de diciembre de 2025
Dirección de Investigación
Escuela de Postgrado GĚRENS
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