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Petroperú en la encrucijada: rescates, costo de oportunidad y reestructuración

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El 6 de enero de 2026, el diario Perú21 publicó el artículo “El sacrificio que implicó el apoyo a Petroperú”. Posteriormente, el 8 de enero, RPP difundió la entrevista titulada “Petroperú: recorte de personal causaría ahorro millonario, según Arturo Vásquez”. Además, el 9 de enero, el diario Perú21 publicó el artículo “Dan el primer paso para mantener las argollas y la crisis de Petroperú”. En estas notas periodísticas se recogieron declaraciones del Dr. Arturo Vásquez Cordano, Profesor Principal y Director de Investigación de la Escuela de Postgrado GĚRENS y exviceministro de Energía, quien presentó un análisis integral sobre el costo de oportunidad de los rescates financieros otorgados a Petroperú y la importancia de su reestructuración.

El Dr. Vásquez señaló que, hasta la fecha, el Estado ha comprometido más de S/ 17,000 millones en rescates financieros a favor de la empresa estatal, monto que supera el presupuesto asignado a sectores clave como salud y educación. Asimismo, advirtió que las pérdidas de Petroperú el año 2024 ascendieron a cerca de US$ 900 millones y que para el presente año se proyectan por encima de los US$ 500 millones, situación que coloca a la empresa en un escenario de “quiebra técnica”. De mantenerse inalteradas las condiciones operativas y financieras actuales, el Estado se vería obligado, en el corto plazo, a otorgar nuevos rescates, con un significativo impacto fiscal y la perpetuación de un ciclo de subsidios a esta empresa sin una reforma estructural de fondo.

A partir de este diagnóstico, el Dr. Vásquez puso énfasis en el elevado costo de oportunidad que ha implicado destinar recursos públicos al sostenimiento de Petroperú. Según explicó, con ese monto transferido, habría sido posible construir más de 27,000 postas médicas de atención primaria o alrededor de 130 hospitales de alta complejidad. En el ámbito de infraestructura vial, sostuvo que dichos recursos habrían permitido asfaltar cerca de 3,000 kilómetros de carreteras o incluso financiar la construcción de una nueva Carretera Central con estándares comparables a los de países europeos. No obstante, precisó que estos recursos ya no son recuperables, pues se destinaron principalmente a cubrir gasto corriente, como pagos a proveedores, sueldos y bonos, sin atender las obligaciones financieras de largo plazo.

Frente a este escenario, y con el fin de evitar que los acreedores asumieran el control de la empresa, el 31 de diciembre de 2025 se aprobó el Decreto de Urgencia N° 010-2025, el cual establece medidas extraordinarias para la reorganización operativa y patrimonial de la empresa estatal. El Dr. Vásquez precisó que dicho decreto no implica, en sentido estricto, una privatización integral de Petroperú, sino que habilita la participación privada a través de bloques patrimoniales específicos. Bajo este enfoque, cada unidad de negocio operaría de manera independiente, orientada a maximizar la generación de flujos de caja y a aplicar criterios estrictos de eficiencia operativa, con el fin de atraer operadores con experiencia y recursos para modernizar y poner en valor los activos estratégicos.

En primer lugar, la concesión de la Refinería de Talara es planteada como una alternativa clave para incorporar operadores privados calificados que introduzcan esquemas de gestión más eficientes y permitan poner en valor la producción de la refinería. Según el Dr. Vásquez, actualmente, la planta enfrenta serias dificultades para operar a plena capacidad, situación que se agravó tras el retiro de la garantía de Exxon Mobil (el licenciatario de la tecnología de la refinería) en enero del año pasado, a raíz de una falla en la unidad de flexicoking. A ello se suma un desfase tecnológico significativo: la refinería fue diseñada para producir combustibles con estándar Euro 4, mientras que el mercado nacional e internacional demanda combustibles Euro 6.

La adecuación de la Refinería de Talara a los estándares Euro 6 demandaría una inversión estimada entre US$ 600 y US$ 800 millones, recursos que el Estado no está en condiciones de asumir. En ese contexto, el ingreso de capital privado resulta indispensable, no solo para financiar la modernización tecnológica, sino también para asegurar la sostenibilidad operativa de la refinería en el mediano y largo plazo.

El segundo eje de acción corresponde a la reestructuración patrimonial y organizacional de Petroperú, que incluye un recorte significativo de personal y la eliminación de diversas gerencias. Actualmente, la empresa cuenta con un número excesivo de estructuras directivas, lo que evidencia problemas de sobredimensionamiento administrativo. Asimismo, en 2023 Petroperú llegó a tener cerca de 3,000 trabajadores, cuando refinerías de características similares a la de Talara operan eficientemente con no más de 800 trabajadores entre personal administrativo y técnico, lo que revela una clara “inflación laboral”. Si bien en 2024 la planilla se redujo a 2,659 trabajadores mediante un programa de desvinculación incentivada, el Dr. Vásquez considera necesario un ajuste mucho más profundo.

Desde el punto de vista financiero, el recorte de personal permitiría generar ahorros relevantes. De acuerdo con las declaraciones del Dr. Vásquez, el gasto anual en personal asciende a aproximadamente US$ 146 millones, lo que representa cerca del 60% de los gastos de ventas y administrativos de la empresa. Una reducción del 50% de los gastos de personal podría generar un ahorro estimado de US$ 73 millones anuales, recursos que, si bien no resuelven el problema estructural de la deuda, contribuirían a aliviar parcialmente la carga financiera y apoyar el proceso de reestructuración.

Finalmente, respecto a la controversia sobre la legitimidad del Ejecutivo para impulsar la reestructuración patrimonial de Petroperú, el Dr. Vásquez discrepa de la posición de la Defensoría del Pueblo, que sostiene que un gobierno de transición carece de dichas competencias. Por el contrario, argumenta que el actual gobierno es plenamente constitucional y, en ese marco, tiene la facultad de adoptar decisiones de alto impacto, más aún cuando ya se han destinado más de S/ 17,000 millones en rescates previos sin resultados sostenibles. En ese sentido, considera que la medida, aunque polémica, es necesaria para poner un límite al continuo drenaje de recursos públicos y evitar que el déficit fiscal siga aumentando, permitiendo así que el Estado priorice sectores fundamentales como salud, educación e infraestructura.

Lima, 16 de enero de 2026

Dirección de Investigación

Escuela de Posgrado GĚRENS

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