El pasado 22 de septiembre de 2026, el Comité Nacional Peruano de la CIER (PECIER) organizó el conversatorio “Agenda urgente para el sector eléctrico”, espacio en el que se analizaron los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico peruano y las reformas necesarias para fortalecer su confiabilidad, capacidad de respuesta e infraestructura. El conversatorio contó con la participación del Dr. Arturo Vásquez Cordano, Director de Investigación y Profesor Principal de la Escuela de Postgrado GĚRENS, y del Ing. César Butrón, Presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES). En lo que sigue, se presentan brevemente los principales temas abordados por el Dr. Vásquez.
A. Renovables: el desafío de garantizar la firmeza
Uno de los principales temas abordados fue la creciente participación de las energías renovables y su comportamiento frente a condiciones climáticas adversas. El Dr. Vásquez explicó que las variaciones de temperatura, viento y nubosidad pueden afectar simultáneamente la generación solar y eólica reduciendo su capacidad de generación eléctrica de manera significativa. Esta situación, observada también en otros sistemas eléctricos a nivel internacional como los de Alemania y Chile, genera un desafío adicional para un sistema como el peruano que depende cada vez más de estas tecnologías.
En este contexto, planteó la necesidad de desarrollar esquemas de firmeza y respaldo, que pueden incluir servicios complementarios, almacenamiento y mecanismos mediante los cuales las propias centrales renovables aseguren la firmeza de sus entregas. El objetivo no es limitar el desarrollo de las energías renovables, sino acompañar su expansión con mecanismos que permitan mantener la confiabilidad del sistema frente a episodios de variabilidad climática.
B. Gas natural y confiabilidad energética
Otro eje central de la exposición del Dr. Vásquez fue la necesidad de fortalecer la generación firme y la confiabilidad energética, particularmente en el sur del país. El experto planteó evaluar mecanismos que permitan llevar gas natural al Nodo Energético del Sur y aprovechar las centrales térmicas existentes, así como los incentivos para incrementar la disponibilidad de gas a nivel descentralizado y promover nuevas inversiones en capacidad firme de generación térmica. En una perspectiva más amplia, propuso avanzar hacia la construcción de un Anillo Gasífero del Sur Peruano, que conecte la costa y el interior del sur del país, haciendo posible que los gasoductos puedan extenderse incluso hacia la región Tacna, reduciendo la dependencia de un único ducto. Asimismo, planteó evaluar alternativas de seguridad energética como la construcción de una planta de regasificación y almacenamiento para importar gas natural licuado (GNL) en el sur de Lima para situaciones de emergencia, dentro del marco de la Ley N° 29970.
Estas propuestas se relacionan con su planteamiento de que la confiabilidad energética constituye un bien público[1] y debe incorporarse como criterio para la planificación del sector eléctrico. El concepto de confiabilidad comprende tanto la adecuación del sistema para atender el crecimiento de la demanda y mantener reservas, como la seguridad del suministro de electricidad. Por ello, el Dr. Vásquez consideró necesario que el Estado incentive una mayor confiabilidad del sistema eléctrico mediante una adecuada planificación energética vinculante a través del establecimiento de compensaciones o ingresos garantizados para infraestructura crítica con características de bien público, así como la aplicación de mecanismos de financiamiento de largo plazo, incluyendo modelos APP, recursos públicos o esquemas tarifarios que generen incentivos a la inversión.
Desde esta perspectiva, el Dr. Vásquez señaló que la contribución del gas natural a la confiabilidad energética no depende únicamente de contar con centrales térmicas, sino también de disponer de infraestructura que permita abastecerlas de manera oportuna y sostenida. Llevar este recurso al Nodo Energético del Sur y desarrollar un sistema de gasoductos que articule la costa con el interior del sur peruano permitiría aprovechar la capacidad de generación existente y respaldar nuevas inversiones en exploración de nuevas reservas de gas natural. Por ello, el Anillo Gasífero del Sur Peruano debe evaluarse no solo como un proyecto de transporte de combustible, sino como parte de una estrategia de seguridad del suministro de energía: su aporte dependerá de que la configuración de la red (que debería ser mallada) y las condiciones de abastecimiento reduzcan efectivamente la vulnerabilidad frente a interrupciones del suministro de gas.
Para el Dr. Vásquez, este modelo permitirá estructurar la infraestructura gasífera con una visión integral de la confiabilidad del sistema eléctrico. La generación térmica abastecida con gas natural y la hidroelectricidad con reservorios pueden aportar capacidades complementarias para responder a la variabilidad de las energías renovables y atender la demanda cuando el sistema lo requiera. Sin embargo, ninguna de estas alternativas debe considerarse al margen de sus propias restricciones: la primera requiere un suministro seguro de combustible, mientras que la segunda depende de la disponibilidad y la gestión del recurso hídrico. De allí que, según el Dr. Vásquez, la planificación de gasoductos hacia el sur deba articularse con la evaluación del potencial hidroeléctrico y de los efectos del cambio climático, buscando diversificar las fuentes de respaldo y evitar que la confiabilidad descanse en una sola tecnología o infraestructura.
C. Hidroelectricidad y cambio climático
Otro mensaje relevante que dejo el Dr. Vásquez en su exposición fue que la generación hidroeléctrica no debería ser descartada, especialmente considerando que las centrales hidráulicas con reservorio pueden funcionar como una “batería natural”, permitiendo administrar el recurso hídrico y generar electricidad cuando el sistema lo requiere. No obstante, el desarrollo de nuevos proyectos enfrenta dificultades económicas cuando los precios de mercado no permiten recuperar sus elevados costos de inversión, por lo que, según el Dr. Vásquez, estas inversiones deberían evaluarse considerando no solo su rentabilidad privada, sino también sus beneficios sistémicos y su vida útil de varias décadas. Esta perspectiva debe incorporar, además, los efectos del cambio climático, dado que la reducción de glaciares puede afectar determinadas cuencas de la vertiente del Pacífico, mientras que la vertiente del Atlántico mantiene un importante potencial hidroeléctrico.
D. Transmisión y distribución: recuperar la capacidad de invertir
Respecto a la transmisión eléctrica, el Dr. Vásquez destacó la importancia de la Ley N° 28832 y su Plan de Transmisión como instrumento vinculante, señalando que este modelo podría servir de referencia para otras inversiones estratégicas. A su juicio, el problema actual no es únicamente de planificación, sino también de ejecución: los procesos se han ralentizado y existen dificultades vinculadas con servidumbres, derechos superficiales, permisos ambientales y certificados de inexistencia de restos arqueológicos, y ocupación de terrenos. Por ello, planteó una reingeniería del proceso público de inversión que permita recuperar la velocidad de ejecución.
En distribución, identificó un problema relacionado con el reconocimiento regulatorio de las inversiones necesarias para desarrollar sistemas de subtransmisión, especialmente en empresas estatales en el ámbito de FONAFE. Cuando la infraestructura requerida no recibe un reconocimiento adecuado, pueden generarse restricciones de capacidad, interrupciones o la necesidad de recurrir a generación de emergencia de mayor costo. En ese sentido, propuso revisar los mecanismos de reconocimiento de inversiones, como el Plan de Inversiones en Transmisión (PIT), procurando revelar costos eficientes y trasladarlos progresivamente a las tarifas, preservando el equilibrio económico de las empresas distribuidoras.
E. Electrificación rural y el problema de Iquitos
La agenda también debe considerar las zonas rurales y los sistemas aislados, promoviendo soluciones de abastecimiento como sistemas híbridos, acompañadas de capacidades adecuadas de operación y mantenimiento. En este marco, el Dr. Vásquez planteó establecer periodos de adecuación o “marcha blanca” para los activos de electrificación rural transferidos a las distribuidoras, junto con una regulación responsiva que permita corregir progresivamente las deficiencias sin trasladar de inmediato responsabilidades por obras que estas empresas no ejecutaron. Asimismo, señaló que, en el caso de Iquitos, la interconexión eléctrica constituye una alternativa de mediano plazo que debe evaluarse frente al déficit de generación existente, considerando también sus implicancias ambientales. En términos generales, destacó que los sistemas aislados requieren soluciones estructurales de infraestructura, además de mejoras en su operación.
En este contexto, el Dr. Vásquez puntualizó que resulta necesario reevaluar integralmente el proyecto de línea de transmisión Moyobamba–Iquitos, concebida para interconectar el sistema aislado de Iquitos con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Su pertinencia no debe determinarse únicamente por la posibilidad de ampliar el abastecimiento, sino mediante una comparación de sus costos y beneficios frente a otras alternativas de suministro, considerando el crecimiento de la demanda, la continuidad del servicio y las necesidades de respaldo ante eventuales interrupciones de la interconexión.
Esta evaluación debe incorporar también la viabilidad constructiva, los impactos ambientales y sociales del trazado y las exigencias de operación y mantenimiento en el entorno amazónico. Así, el caso de Iquitos expresa una exigencia transversal de la agenda eléctrica: articular planificación de largo plazo, inversión eficiente y seguridad del suministro, para que las decisiones de infraestructura respondan a necesidades sostenibles y no solo a urgencias coyunturales.
F. Una agenda que trasciende la coyuntura
En conjunto, la intervención del Dr. Vásquez planteó una agenda urgente para el sector eléctrico centrada en la planificación, la inversión y la confiabilidad energética. En esta agenda, el gas natural y el desarrollo de gasoductos hacia el sur del país constituyen un eje estratégico: no basta con disponer de centrales térmicas; es indispensable contar con infraestructura que asegure un abastecimiento de combustible oportuno y sostenido.
Llevar gas natural al Nodo Energético del Sur y avanzar en el Anillo Gasífero del Sur Peruano permitiría aprovechar la capacidad de generación existente y respaldar nuevas inversiones en generación firme. Su contribución a la seguridad del suministro dependerá de que la configuración de la red y las condiciones de abastecimiento reduzcan efectivamente la vulnerabilidad frente a interrupciones y la dependencia de un único ducto. Por ello, la planificación gasífera debe articularse con la del sistema eléctrico, complementando la hidroelectricidad con reservorios y los mecanismos de firmeza, respaldo y almacenamiento que requiere la expansión de las renovables. A su vez, la transmisión debe recuperar capacidad de ejecución y la regulación de la distribución debe facilitar las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda, sin relegar los retos de electrificación rural y de los sistemas aislados.
Lima, 2 de noviembre de 2026.
Dirección de Investigación
Escuela de Posgrado GĚRENS
Para mayor detalle de la participación del Dr. Vásquez revisar el siguiente enlace:
- Comité Nacional Peruano de La CIER (PCIER). (2026). “Conversatorio de Expertos “Agenda urgente para el Sector Eléctrico”. Recuperado de (Consultado el 23 de setiembre del 2026): https://www.youtube.com/watch?v=TVymkPrtSZg
Intervención del Dr. Arturo Vásquez durante el conversatorio “Agenda urgente para el sector eléctrico”.
[1] De acuerdo con el Dr. Arturo Vásquez, “la confiabilidad energética puede entenderse como un bien público en su dimensión sistémica, porque la existencia de un sistema capaz de atender la demanda y resistir interrupciones genera beneficios compartidos: la mayor seguridad que recibe un usuario no reduce la de los demás y resulta difícil excluir de esos beneficios a quienes están conectados a la misma red. Esto no significa que la infraestructura eléctrica o los gasoductos sean, por sí mismos, bienes públicos, sino que las inversiones en reservas, respaldo y diversificación del abastecimiento pueden beneficiar al conjunto del sistema más allá de quienes las financian. Por ello, las decisiones privadas podrían no proporcionar el nivel de confiabilidad socialmente deseable si sus beneficios colectivos no se reconocen adecuadamente. Esta característica justifica una intervención estatal mediante planificación, regulación e incentivos que permita coordinar inversiones y distribuir sus costos de forma eficiente y equitativa. En el caso del gas natural, la evaluación de gasoductos y fuentes alternativas de suministro debe considerar no solo sus ingresos comerciales, sino también su contribución a reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a interrupciones”.