En una entrevista realizada el día 27 de junio del 2024, por el periodista José Hernández de RCR Perú, al Dr. Arturo Vásquez Cordano, Profesor Principal y Director de Investigación de la Escuela de Postgrado GĚRENS, se abordó la preocupante situación del caso Petroperú y las medidas destinadas a sanear la empresa estatal.
Medidas para rescatar a Petroperú
El Dr. Vásquez comenzó la entrevista señalando que la situación de Petroperú es bastante crítica. De hecho, el presidente del directorio de esta empresa ha reconocido que, sin una intervención rápida, la empresa estatal no sobrevivirá más de dos meses. Desde el año pasado, Petroperú ya se encontraba en una situación de insolvencia o quiebra técnica, con una deuda excesiva y costos elevados que no son compensados por los ingresos de la empresa, especialmente debido al fallo de la unidad de flexicoking de la refinería de Talara.
Ante esta situación, el Dr. Vásquez considera que se espera que Petroperú tenga nuevamente pérdidas por encima de los 800 millones de dólares este año. En respuesta, el directorio de la empresa ha establecido un plan de austeridad total para reducir costos y generar flujos de efectivo suficientes que permitan compensar las grandes pérdidas generadas por la mala gestión de la empresa.
Entre las medidas adoptadas se encuentra, en primer lugar, un programa de desvinculación de los trabajadores de Petroperú. Este programa es crucial, ya que actualmente hay más de 3,000 trabajadores, mientras que la refinería de Talara y toda la operación de Petroperú podrían manejarse con menos de 1,000 trabajadores. Controlar el número de empleados es vital, ya que de lo contrario los costos de planilla seguirán aumentando. De hecho, entre 2023 y este año, la plantilla de trabajadores ha aumentado en casi 400 empleados adicionales.
La otra medida que se está tomando es la mudanza del edificio principal de Petroperú a la ciudad de Talara en la región Piura. Según el Dr. Vásquez, esta decisión es lógica ya que la operación principal de la empresa se encuentra en Talara. Este traslado implica el movimiento de unos 600 trabajadores. El edificio actual de la sede central será valorizado a través de una concesión, alquiler o venta del activo, estimado en cerca de 100 millones de dólares. Además, se ha programado la venta inmediata de otros activos no productivos para obtener liquidez y compensar las grandes pérdidas que viene generando la empresa.
Otra medida importante que ha tomado el directorio de Petroperú es el establecimiento de un “gestor privado” mediante una “oficina de gestión de proyectos” (PMO por sus siglas en inglés) y un “oficial de transformación organizacional”. Este último operará la empresa de manera privada, estableciendo un sistema de gerencia que responda a las políticas de austeridad y eficiencia dictadas por el directorio. Sin embargo, el gran problema es la politización, ya que estas medidas deben ser aprobadas por la junta de accionistas, que incluye ministros y viceministros, quienes responden al poder político de turno.
Un problema significativo que no se ha discutido en detalle es el reperfilamiento de la deuda de la empresa. Recientemente, los medios de prensa revelaron que la deuda a largo plazo de Petroperú asciende a 6,500 millones de dólares, y la deuda a corto plazo podría superar los 3,000 millones de dólares. Esto representa una deuda total de más de 9,000 millones de dólares (sin contar los intereses postoperativos). Por lo tanto, la empresa está forzada a reestructurar toda su deuda a través de una compleja y difícil renegociación con los acreedores internacionales y nacionales. El impago de la deuda a largo plazo de Petroperú generaría un problema macroeconómico significativo que afectaría negativamente el grado de inversión del país. Esto se debe a que, al ser el Estado peruano dueño de Petroperú, existe una garantía implícita cuasi soberana para esta deuda. Por lo tanto, lamentablemente el destino de la deuda soberana del país está atado a la situación de la deuda de Petroperú
Riesgo de injerencia política en la gestión de Petroperú
Hasta el momento, no se ha aprobado una ley que permita deslindar la gestión de la empresa del manejo político. Por ello, el directorio transitorio está haciendo sus mejores esfuerzos para que la empresa no termine de colapsar con las medidas de austeridad y reorganización que ha aprobado, al menos a corto plazo. A largo plazo, para que la empresa siga a flote, es crucial independizar al directorio de las indebidas influencias para evitar la captura política de su administración. Esta independencia permitiría una gestión más eficiente y menos sujeta a intereses externos que podrían perjudicar su operación y estabilidad financiera.
Un ejemplo de los desafíos actuales que enfrenta Petroperú es el caso del Oleoducto Norperuano. Este activo, que se encuentra actualmente concesionado a Petroperú, viene generando cuantiosas pérdidas a la empresa debido a los sabotajes que viene sufriendo, así como a la falta de recursos para su operación eficiente. Por lo tanto, esta infraestructura debería transferirse a Perupetro para que sea adjudicada a una empresa especializada en la gestión de activos energéticos depreciados a través de un concurso internacional. Esta concesión permitiría reducir las pérdidas de Petroperú, así como poner en valor el Oleoducto y asegurar su operación eficiente y rentable, contribuyendo así a la estabilidad y sostenibilidad de la industria petrolera en la selva peruana.
Auditoría al proyecto de modernización de Talara
El Dr. Vásquez considera que la auditoría dispuesta por el directorio para conocer por qué la modernización de la Refinería de Talara implicó un gasto de capital de US$ 6,500 millones es esencial para investigar si hubo malos manejos en la gestión del proyecto o casos de corrupción. Hay que recordar que toda esta controversia surgió porque la Ley N°30130 (“Ley de Modernización de la Refinería de Talara”) dispuso solamente la actualización de la Refinería de Talara para retirar el azufre de los combustibles que producía, pero en realidad lo que Petroperú hizo en concreto con esta ley es la construcción de una nueva refinería, lo cual no estaba contemplado en el espíritu de la Ley. Una modernización adecuada habría consistido en establecer solamente un esquema de desulfuración (con un costo estimado de US$1,334 millones por la consultora Arthur D. Little en el año 2008).
Hasta el momento, la Contraloría General de la República no se ha pronunciado sobre este tema. Por lo tanto, el Dr. Vásquez subraya la necesidad urgente de realizar una auditoría integral para garantizar la transparencia de la información sobre el uso de los recursos públicos involucrados en este proyecto de modernización y en los últimos salvatajes a la empresa, determinar las responsabilidades correspondientes, sancionar a los funcionarios responsables de este desfalco al tesoro público, y asegurar que los ciudadanos peruanos conozcan la verdad. Además, el Dr. Vásquez destacó la importancia de estas acciones de auditoria y control para evitar la repetición de estas malas prácticas empresariales en el Estado a futuro.
Lima, 9 de julio de 2024
Dirección de Investigación
Escuela de Postgrado GĚRENS
La entrevista completa se encuentra en el siguiente enlace
